El Congreso ha aprobado hoy por mayoría de 178 votos a favor una reforma del Código Penal impulsada por PSOE y Podemos y que había sido duramente criticada por numerosos expertos. Con la excusa de “acabar con la impunidad” esta reforma amplía la aplicación del delito de maltrato animal a todos los animales vertebrados (desde una rana, hasta un pez, pasando por un hámster). Podemos y PSOE han pactado un texto al que aún le queda pasar por el Senado y que contiene nada menos que nueve circunstancias agravantes, lo que no tiene precedentes. Así, se amplían notablemente las penas e incluso se crea un delito agravado, de forma que en el caso de concurrir dos agravantes se aplicará la pena en su grado superior.

Con esta norma todas las lesiones no imprudentes a los animales serán consideradas delito. En el caso de que requieran tratamiento veterinario las lesiones serán consideradas un delito grave, y en el caso de que las lesiones no requieran tratamiento veterinario, también serán consideradas delito leve.

Aunque genéricamente el texto excluye las lesiones y muertes de animales causadas dentro de “actividades reguladas”, la realidad es que este Código penal impone en la práctica una enorme inseguridad jurídica y hace muy vulnerables a todos aquellos que tienen animales de trabajo o que destinan a actividades como la caza o la ganadería.

Aunque en la última fase de tramitación ha habido algunos retoques sobre el proyecto de ley aprobado en el mes de agosto, la reforma se mira con mucha preocupación desde el sector cinegético. Para los expertos consultados por ARRECAL el texto se olvida de principios básicos del derecho penal, como el principio de intervención mínima, y hace saltar por los aires el principio de proporcionalidad. “El Código Penal está reservado para las conductas socialmente más graves”, ha manifestado Santiago Ballesteros, abogado y asesor jurídico de ARRECAL, quien ha añadido que “no puede ser que cualquier cosa o cualquier ataque a un animal (por muy mal que esté moralmente) sea llevado al Código Penal”. Para el jurista la reforma es “una deformidad jurídica”, ya que “mientras se penaliza una lesión a un pez o una rata, se han olvidado de los asuntos en los que hay una pluralidad de animales afectados” (como podría ser el caso de la protectora de Torremolinos que masacró masivamente a perros y gatos).

Felipe Vegue, presidente de ARRECAL, lamenta la aprobación de esta norma. Y es que ahora “los rehaleros temen ser objeto de una persecución; si con el anterior Código Penal ya estaban siendo objeto de toda una caza de brujas en algunos territorios, con el nuevo texto nos esperamos lo peor”.

Nicolás Urbani, asesor veterinario de ARRECAL, recuerda la necesidad de las rehalas y los perros de caza para controlar una población creciente de ciervos y jabalíes que ha llevado a muchas comarcas de España a declarar la emergencia cinegética para tratar de regular el número de estos ungulados silvestres que en situaciones de sobreabundancia pueden generar graves daños y perjuicios a toda la sociedad.

Para Felipe Vegue “hoy es un día para lamentar. Se ha aprobado una reforma extremista sobre la base de bulos como el del abandono masivo de animales y una inexistente impunidad. Detrás de estas normas están en realidad el sectarismo y una visión animalista radical”. Vegue ha vuelto a solicitar la dimisión de la ministra Ione Belarra y del director general Sergio García Torres.