La prohibición de cazar en Parques Nacionales que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, una vez finalizada la moratoria establecida para la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, tendrá graves consecuencias socio económicas para los municipios del entorno de estos espacios.
Según señala la Fundación Artemisan, esta medida no solo afectará a los propietarios de las fincas, que tendrán que ser recompensados con importantes indemnizaciones que saldrán del bolsillo de todos los españoles en un momento tan complicado como el que afronta el país, sino que también agravará la ya complicada situación de la economía de la zona.
La prohibición proyectada supondrá un aumento del desempleo y, por supuesto, un mayor abandono del medio rural, precisamente en un momento en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados y cuando la despoblación se ha posicionado como un problema de gran relevancia en la agenda política y social.
