Desde mi punto vista jurídico, el tratamiento que se ha dado al asunto desde el minuto uno es un completo disparate jurídico. No puede tratarse como un delito lo que a todas luces no lo es. La intento de aplicación del delito de maltrato animal al caso es algo así y para que me entiendan los lectores como intentar calzar un zapato del treinta y cinco en un pide del cuarenta. O como intentar meter una cosechadora en una plaza de garaje. La prueba es que exclusivamente en Soria la Fiscalía ha cogido este tortuoso y difícil camino. Ya hay varios archivos de alguno de los Juzgados de Instrucción en los que recayeron algunas denuncias. Era lógico. También muchos de los expedientes sancionadores han sido archivados (nunca debieron ser abiertos por falta de fundamento). Sin embargo, parte del rescoldo sigue aún vivo a pesar de la manifiesta falta de fundamento de las denuncias en gran parte de los casos. Es cierto que doctores tiene la ley, pero hay un dato elocuente: la interpretación de la norma que hace la Fiscalía de Soria es única entre las cincuenta provincias españolas. Y ese dato habla por sí mismo.
Confío plenamente en la Administración Justicia, aunque a veces escriba con renglones torcidos y mi sección de Radio Marca se llame “Pleitos tengas y los ganes”. Estoy casi seguro que una aplicación correcta de ley llevará a que en la inmensa mayoría de los casos terminen con un sobreseimiento o una absolución. Al tiempo. Pero también estoy certero de que se está haciendo pasar un trago muy amargo a las gentes de la rehala y de que están sufriendo una persecución absurda y nada justificada. Para nada son acreedores de ser tratados como delincuentes. La rehala, el perro de caza, es la columna vertebral del mundo de la caza. Sin perros no hay montería ni tantas otras modalidades. Los rehaleros merecen el reconocimiento en vez del látigo, la dádiva en vez de la vara de la justicia, el premio en vez del palo. Tratarles como delincuentes es sin duda un dislate y lo peor, una injusticia, una tremenda iniquidad. Pues eso.
Santiago Ballesteros Rodríguez. Abogado y colaborador de ARRECAL