La brecha entre el mundo urbano y el medio rural ya no es meramente geográfica, sino una profunda fractura ideológica. Desde las grandes urbes, una corriente de opinión hiperprotegida y desconectada de la tierra dicta normas que asfixian el estilo de vida tradicional. El cazador y el habitante rural, depositarios de un pragmatismo histórico y de una ancestral autosuficiencia, asisten impotentes a la colonización de su entorno por parte de un radicalismo burocrático que ignora la realidad empírica del campo.

La ciencia amordazada: el veto al sector cinegético. El primer gran síntoma de este choque es la sistemática negación de las evidencias científicas y estudios técnicos aportados por el sector cinegético. Las federaciones de caza y los biólogos de campo monitorizan constantemente las poblaciones mediante censos rigurosos. Sin embargo, cuando estos datos advierten de la sobrepoblación de especies como el jabalí, el ciervo o el lobo –con el consecuente riesgo de accidentes de tráfico, destrozos agrícolas y la propagación de enfermedades ganaderas–, la Administración central los ignora. Se prefiere legislar desde el sentimentalismo de asfalto, criminalizando al único colectivo que equilibra el territorio.

El acoso a la rehala: arbitrariedad y ruptura de la unidad nacional. Un ejemplo nítido de este atropello lo sufre el subsector de las rehalas, pieza indispensable de la montería. El rehalero se enfrenta hoy a una indefensión manifiesta provocada por una burocracia asfixiante y politizada. Raro es el funcionario que no interpreta la normativa según sus propias creencias ideológicas, convirtiendo las inspecciones técnicas en un calvario de criterios subjetivos. A esto se suma la dispersión normativa entre comunidades autónomas. Disponer de diecisiete legislaciones diferentes en bienestar animal o transporte destruye la viabilidad económica de las rehalas y, en la práctica, nos quita el derecho de ser españoles iguales ante la ley, colgándonos etiquetas diferentes según la región en la que residamos.

Caos en la extinción. Mandos inoperantes y falta de tecnología. Este ecologismo de salón muestra su cara más trágica cada verano. Los incendios de sexta generación reflejan una gestión administrativa profundamente deficiente. El verdadero problema en la extinción no es la falta de cuadrillas forestales, sino la escasez de medios modernos y la alarmante abundancia de mandos inoperantes que paralizan por completo la actuación a pie de campo. En los recientes se ha comprobado una realidad indignante: cuadrillas enteras paradas en los caminos esperando una orden burocrática que no llega, atadas de pies y manos por protocolos absurdos diseñados en oficinas, mientras otros retenes se encuentran abrumados por el trabajo. Esta falta de coordinación convierte el valor de los profesionales en pura impotencia.

La farsa de la despoblación y el control global de la producción. Bajo la farsa institucional de combatir la despoblación rural, la falta de medidas concretas oculta una realidad mucho más alarmante: la progresiva asfixia del pequeño productor independiente para dar paso al control corporativo. Ya es un hecho constatable que las grandes corporaciones y fondos de inversión internacionales están controlando las bases de la producción agrícola y ganadera, adquiriendo tierras a gran escala y monopolizando semillas y canales de distribución. Se entrelazan ambiciosos intereses económicos con estrategias de control mundial de la cadena de suministro alimentario. Al imponer regulaciones burocráticas inasumibles al productor tradicional, el sistema provoca su quiebra para centralizar los recursos vitales en manos de unos pocos agentes globales, destruyendo la soberanía alimentaria de las naciones.

Colonización verde: las grandes eléctricas por encima de la ley. Esta contradicción se evidencia en la proliferación descontrolada de macroparques fotovoltaicos y eólicos. Mientras un ganadero o un cazador se enfrentan a sanciones desproporcionadas por cualquier mínima modificación en su entorno, las multinacionales energéticas gozan de total impunidad. Bajo la bandera de la transición verde, el Estado permite la fragmentación de macroproyectos para eludir evaluaciones ambientales, saltándose leyes implantadas y expropiando terrenos comunales. El campo ya no es un espacio de vida, sino una colonia industrial para proveer de energía barata a las ciudades.

Conclusión: el suicidio cultural e industrial de Europa. Toda esta deriva responde a la alarmante ceguera geopolítica del continente. No hay pueblos más ingenuos que los de una Europa que se desgasta manteniendo y financiando conflictos bélicos permanentes auspiciados por grandes intereses globales, mientras se muestra incapaz de resolver sus masacres más cercanas. Pretendemos ir de salvadores del planeta imponiendo restricciones absurdas a nuestros ciudadanos, mientras la propia clase media compra los productos de potencias exteriores que destruyen nuestra industria y contaminan sin control. Financiamos directamente a quienes propician los desastres, desmantelando el tejido productivo propio y entregando nuestra independencia. La resistencia rural y cinegética es el último reducto de soberanía frente al suicidio programado de una civilización que cambió su libertad por el dogma y la dependencia.

Felipe Vegue. Presidente de ARRECAL

Artículo publicado en la revista Jara y Sedal