No hay nada más contradictorio al bienestar que la desaparición y, si hablamos de razas, ahí incluyo la degeneración. Pues resulta paradójico que el proyecto de ley de Bienestar Animal venga a destruir todo el entramado organizativo del fomento de razas caninas autóctonas que venía funcionando con gran éxito desde hace decenios. Para verlo es mejor partir de la situación con perspectiva histórica.
En la segunda mitad del S XX las razas autóctonas estaban en una situación deplorable. El abandono progresivo de la actividad ganadera o el cambio radical en su sistema de explotación, iba condenando a las razas de perros pastores, incluyendo a los alanos, como perros de apoyo en la ganadería bovina. La ausencia del lobo hizo innecesario el mantenimiento de mastines. La irrupción de razas foráneas arrinconaba a las nacionales de perros de caza menor.
A principios de los años 80, sin embargo, se fueron creando asociaciones de fomento de estas razas autóctonas, una por cada una de ellas, así como creció la sensibilidad para el reconocimiento de otras que, por su definición y uniformidad racial, realmente lo eran. Su funcionamiento y filosofía es similar:
- Búsqueda de suficientes ejemplares con calidad racial que permita que su reproducción se haga con garantías de falta de degeneración.
- Definición morfológica de cada raza ajustada a sus respectivas utilidades.
- Identificación de los mejores reproductores.
- Cría de nuevos cachorros desde reproductores con características raciales, morfológicas y de utilidad, excluyendo a potenciales reproductores que provocarían degeneración racial.
- Mantenimiento de una suficiente multiplicidad genética que evite una endogamia degenerativa. Esto se ha venido consiguiendo basando la cría en multiplicidad de particulares/criadores, para los que constituye un orgullo obtener cachorros de calidad, no por un fin crematístico, sino por un simple prurito de afición cinológica. Debe tenerse en cuenta que todas estas asociaciones tienen estrictas normas sobre el máximo de partos que puede tener una perra en un lapso de tiempo, precisamente para garantizar un bienestar animal y para evitar que el interés económico (venta de más cachorros) acabe alterando el primigenio interés por obtener mejor calidad.
Que la cría de razas autóctonas planteada así no supone una desmoralizada explotación económica de los animales tiene una prueba fehaciente; en todas ellas existe un enorme déficit de perras paridas anualmente respecto de las posibles, porque sus dueños priorizan el disfrute de sus perros a la cría, con la que cumplen con más gasto que recuperación económica pudiera obtenerse con la venta de cachorros. Por ejemplo, que una perra perdiguero o pachón para en noviembre o diciembre supondría la pérdida de casi toda la temporada de caza. Si le sumamos los propios riesgos que corren las perras durante la gestación y el parto, los gastos veterinarios y de crianza, es fácil ver que no es el dinero lo que mueve a los miembros de estas asociaciones.
La cría manteniendo unas aptitudes naturales que se correspondan con la utilidad de cada raza puede ser despreciado por los “mascotistas”, pero son la principal garantía de que se mantenga un interés por las respectivas razas porque, en caso contrario, existen alternativas en razas foráneas. Pongamos ejemplos: si el perro de aguas español perdiera su agilidad e inteligencia; si se convirtiera en un perro prognático o con problemas de cadera, sería sustituido por caniches de talla media; si los bodegueros perdiesen sus aptitudes de propias, sería sustituido por parson jack russell terrier, con los que tienen gran parecido. Si los pachones, perdigueros o sabuesos perdieran su calidad cinegética, serían sustituidos por pointer, bracos o azules de Gascuña, respectivamente.
En todos esos casos podemos ver que no desaparecería el comercio de perros, sino sólo el de las razas autóctonas. Sí es cierto que los perros de raza se convertirían en un verdadero lujo, sólo al alcance de los pocos que pudieran pagar sus importaciones.
También aparecerían criaderos de perros que vendrían a ocupar en espacio dejado (a la fuerza), siendo evidente que estos no funcionan con criterios de altruismo y desinterés, dejando de primar el mantenimiento racial sin defectos y acorde con sus “aptitudes naturales” de cada raza. Además de que ello acabaría con la multiplicidad de líneas dentro de cada raza que ha costado decenios. Ello es fácil de entender: en cualquier cría, la calidad de los productores la ratifica la calidad de sus productos. Su sustitución (los perros, como las personas, mueren) debe hacerse con nuevos perros, cuyo contraste racial sólo puede hacerse tras varios años. Pues bien, si esos nuevos productos son castrados, la comprobación de su potencial como generador resultaría frustrado.
Por su parte, la experiencia nos dice que la mayoría de los dueños de perros se embarca en la aventura de ser criador esporádico o testimonial cuando comprueba la valía de su perro y asume la responsabilidad de la transmisión de su genética. Si adquirieran perros castrados este vía se frenaría en seco.
Por todo lo expuesto, las asociaciones razas caninas autóctonas consideran que con este texto legal resultaría imposible continuar con la labor desarrollada hasta ahora. Y ello sin que nadie se haya planteado siquiera el enorme problema que se va a causar. Por ello es absurdo preguntar si alguien se ha planteado alguna alternativa.
Pero no es que condenen a las razas autóctonas, sino que provocarán un uso mercantilista de las mismas, dado que en la actualidad no es ese el espíritu y la forma de actuar de las personas que han venido garantizando la continuidad de las mismas.
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