La Asociación de Rehalas Regionales ARRECAL tiene claro que tanto la ley de Bienestar Animal como la modificación del Código Penal tienen entre sus objetivos “acabar con la caza”, incluso una vez incluidas algunas modificaciones sobre el texto inicial. Por eso, la entidad seguirá exigiendo que el PSOE cumpla su compromiso y excluya a la caza  de la esa ley animalista y que se frene una reforma del Código Penal que no se ajusta a la realidad del mundo rural.

En este sentido, ARRECAL ha actualizado el documento que ya elaboró en marzo de 2022 para explicar las consecuencias de estas iniciativas legislativas que, además, se han tramitado en pleno mes de agosto por la vía de urgencia. La realidad es que a pesar de la masiva manifestación de cazadores celebrada el 20 de marzo y a pesar de los compromisos adquiridos por figuras relevantes del PSOE, las modificaciones “han sido mínimas”. De esta forma, de salir adelante con su actual redacción estas normas podrían acabar con la caza.

Según explica el documento elaborado por ARRECAL, las sanciones administrativas y penales previstas en estas normas “harían inviable la relación actual con los animales”.

En primer lugar porque los casos en los que uno puede ser sancionado o procesado por un delito se multiplican. Y después porque las sanciones económicas son muy altas y las penas por los delitos aumentan notablemente. De esta manera el Proyecto de Ley de Bienestar Animal establece una cantidad enorme de prohibiciones generales, especiales y nuevas obligaciones para los dueños de animales, hasta el punto de que “es difícil no incurrir en una vulneración de alguna de ellas siendo poseedor de animales, y más si se está en posesión de una rehala”.

Asimismo, se otorgan a la Dirección General de Derechos de los Animales, de marcado carácter anticaza, la capacidad de “delación” y de intervención en todo el país, invadiendo competencias de las comunidades, los ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otro de los aspectos más graves es el que se refiere a la “grave inseguridad jurídica” en la que quedan los dueños de animales y, en general, todos los que trabajen con ellos, ya que se incluyen hasta cuatro páginas de nuevas definiciones. Desde “animal identificado” a “gato merodeador” pasando por “gestión ética de colonias felinas”.

Desde el punto de vista jurídico, “aunque no hay una prohibición de la caza, en realidad, se aboca a la imposibilidad de practicarla y a la inviabilidad de la tenencia y uso de perros de caza”. Igualmente grave es la situación desde el punto de vista veterinario, ya que se imponen nuevas obligaciones y prohibiciones “incompatibles” con la actividad, como “la prohibición de someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos” o la obligación de que el medio de transporte “disponga de climatización en vez de ventilación”, algo que no ocurre en ninguna normativa europea.

Con la actualización de este documento, elaborado por los asesores jurídico y veterinario de ARRECAL, Santiago Ballesteros y Nicolás Urbani, la entidad continúa trabajando para facilitar a su asociados -y a todos los cazadores en general- la información más rigurosa acerca de cuál es la situación a día de hoy.

De esta forma, y mientras no se modifiquen estas normas, el futuro de la caza está en grave riesgo, por lo que es imprescindible continuar trabajando desde la unión del sector y de sus asociaciones para que el Gobierno rectifique y escuche el clamor de la #mareanaranja.

Felipe Vegue, presidente de ARRECAL y de la Oficina Nacional de la Caza, se ha mostrado muy cauto con el anuncio hecho público la semana pasada por el PSOE de presentar una enmienda a su propio Proyecto de Ley. Felipe Vegue ha destacado «el PSOE enmienda al PSOE. Aprueba en agosto y vía de urgencia un proyecto de Ley, para luego anunciar una enmienda a la totalidad de dicha Ley ¿Cuál era la necesidad urgente de aprobar esa norma que ya sacó a medio millón de cazadores a la calle el 20 de marzo de 2022?»