Si hay algo que deberíamos aprender en este país es a dejar de generalizar. Nos encanta poner etiquetas y simplificar realidades complejas hasta volverlas irreconocibles. Yo vengo del mundo de la caza, concretamente del sector rehalero, y sé muy bien lo que significa que te cuelguen el cartel de maltratador por el simple hecho de criar y trabajar con perros.
Desde ARRECAL llevamos años denunciando lo que otros no quieren ver: la cantidad de irregularidades, mentiras y auténticas barbaridades que se esconden tras algunas protectoras y organizaciones animalistas. No todas, por supuesto, pero sí muchas que se han acostumbrado a vivir del cuento, disfrazando de compasión lo que en realidad es un negocio. Hablo de perros robados, ocultados, entregados a terceros sin permiso. Perros que simplemente se despistaron durante una montería y acabaron en manos de asociaciones que, sin pruebas ni justificación, deciden no devolverlos. Nosotros mostramos papeles, microchips, documentación legal… y aun así nos los niegan. Mientras tanto, los animales están retenidos en condiciones muchas veces en condiciones mucho peores que las de cualquier rehala legalizada. No sólo lo sé: lo he vivido.
A todo esto se suma ahora un escándalo aún más grave. Hace poco se destapó que veterinarios estaban presuntamente implicados en redes de exportación de perros, con documentos falsificados y transportes sin condiciones mínimas. Cientos de galgos, podencos y otras razas españolas acaban en países europeos donde, bajo el lema del rescate, son vendidos como mascotas. Se ha llegado a crear un mercado internacional alimentado por la mentira de que en España se abandona y maltrata a los perros de caza de forma masiva.
Como si todo esto no fuera suficiente, ahora nos enfrentamos al dolor de cabeza –y, me temo, a las trágicas consecuencias– que traerá la aplicación de la nueva Ley de Bienestar Animal. Una ley diseñada desde la ideología, no desde la experiencia real con los animales. En las alegaciones presentadas apenas se ha escuchado a los profesionales del campo o a quienes realmente conviven y trabajan con animales. Todo ha girado en torno a los postulados de un animalismo progresista, urbano y profundamente desconectado de la realidad rural. Esta ley, además de crear caos para todos los que trabajamos de forma legal con animales, también será un problema serio para esas organizaciones animalistas que la han impulsado. Porque ahora sí: vamos a exigir que cumplan con la ley que ellos mismos han promovido. Y lo haremos con toda la fuerza de la legalidad, la razón y la experiencia.
¿Y qué ocurre con esos animales? Que muchos de ellos terminan peor que como estaban aquí. Pasan de tener libertad y un entorno adaptado a vivir encerrados, sin los cuidados que conocen, convertidos en productos de consumo emocional para una parte de Europa que se cree el relato sin contrastarlo. Y a nosotros, los que trabajamos con los perros día a día, nos insultan, nos amenazan y nos atacan cuando vamos a recuperar lo que es nuestro. Se nos acusa de todo, mientras ellos operan con total impunidad. Pero por fin algo se mueve: la Guardia Civil ha empezado a investigar, y ya hay operaciones abiertas contra estas redes que tanto daño nos han hecho. Nosotros estamos sometidos a controles constantes: documentación, vacunaciones, licencias, inspecciones. Era hora de que las mismas reglas se apliquen también a quienes nos señalan con el dedo. Porque no puede ser que algunos estén traficando con animales bajo la excusa del bienestar mientras los que de verdad los cuidamos seamos tratados como delincuentes.
Las autoridades han confirmado que los beneficios de estas operaciones alcanzan miles de euros. Y eso sólo en los casos que han salido a la luz. Lo que se esconde detrás de la industria del rescate es un negocio en toda regla, y uno que vive de criminalizar a todo un colectivo.
Yo no quiero más que una cosa: respeto. Respeto por mi trabajo, por mis animales y por la verdad. Nosotros también queremos a nuestros perros. Los criamos, los cuidamos, convivimos con ellos y sufrimos cuando los perdemos. Lo único que pedimos es justicia y que se dejen de utilizar los sentimientos como arma contra el mundo rural. Porque basta ya de mentiras. Ya era hora de que alguien mire también hacia el otro lado del relato.
Felipe Vegue. Presidente de ARRECAL
Artículo publicado en la revista Jara y Sedal
