Hay momentos en los que el silencio de una Administración resulta casi tan preocupante como el propio problema que pretende gestionar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la peste porcina africana (PPA) en Cataluña. No puedo permanecer callado. Represento a cientos de rehaleros que llevan demasiado tiempo viviendo en una incertidumbre permanente, viendo cómo se suceden resoluciones, restricciones y ampliaciones de las zonas afectadas sin que nadie explique con claridad cuál está siendo el resultado real de todas esas medidas. Precisamente por representar a ese colectivo tengo la obligación de exigir transparencia.

No se trata de una cuestión política ni de una crítica gratuita. Es un deber. Las administraciones públicas no pueden pedir confianza mientras dificultan el acceso a la información que justifica sus decisiones, especialmente cuando estas condicionan el trabajo, las inversiones y el futuro de cientos de familias vinculadas al medio rural. La PPA constituye una emergencia sanitaria de enorme trascendencia. Nadie con un mínimo de responsabilidad puede minusvalorar su gravedad. Desde el primer momento, en ARRECAL defendimos que debía afrontarse con rigor científico, con recursos suficientes y con la máxima colaboración entre las administraciones y el sector cinegético. Precisamente por la importancia de esta crisis, la gestión debe estar presidida por la transparencia. Lo que no puede convertirse en norma es gobernar mediante resoluciones sucesivas mientras quienes soportan sus consecuencias desconocen si esas decisiones están funcionando o si, por el contrario, necesitan ser revisadas.

Los datos conocidos muestran una realidad difícil de ignorar. Las zonas restringidas no han dejado de ampliarse, continúan apareciendo nuevos positivos y el dispositivo movilizado aumenta constantemente. Sin embargo, apenas existen evaluaciones públicas que permitan responder a una pregunta elemental: ¿están funcionando realmente las medidas adoptadas? Y, si no lo están, ¿quién asume esa responsabilidad? No basta con publicar nuevas prohibiciones, ampliar perímetros sobre un mapa o imponer obligaciones a quienes siempre han colaborado con la Administración. También hay que rendir cuentas. Por ese motivo, ARRECAL ha presentado una amplia solicitud de acceso a la información pública y ambiental. No pedimos opiniones ni informes elaborados para satisfacer nuestras inquietudes. Exigimos acceder a documentos que ya existen y cuyo conocimiento ampara la ley. Queremos conocer los informes epidemiológicos, las evaluaciones técnicas, las recomendaciones científicas, las actas de los órganos de coordinación, los indicadores de eficacia, los costes del dispositivo, los protocolos aplicados y los criterios que han motivado cada decisión. En definitiva, queremos saber si la estrategia responde realmente a la evidencia científica o si, por el contrario, se está improvisando sobre la marcha.

Habrá quien considere incómoda esta petición. Lo acepto. Prefiero resultar incómodo antes que convertirme en cómplice del silencio. Callar significaría abandonar a quienes represento. Los rehaleros nunca han sido el problema; forman parte de la solución. Llevan décadas colaborando en el control de las poblaciones de jabalí, conocen el territorio mejor que nadie y siempre han demostrado una enorme responsabilidad sanitaria. Sin embargo, hoy soportan restricciones y limitaciones sin recibir una explicación suficiente sobre su fundamento ni sobre su eficacia.

Mantener una rehala exige sacrificios que muchos desconocen. No hablamos sólo de perros, sino de instalaciones, alimentación, asistencia veterinaria, transporte, personal e importantes inversiones que deben planificarse durante todo el año. ¿Cómo puede organizarse una actividad tradicional cuando nadie sabe qué ocurrirá dentro de unos meses? ¿Cómo puede mantenerse una explotación si las reglas cambian continuamente sin explicar hacia dónde se dirige la estrategia? La incertidumbre se ha convertido en uno de los mayores enemigos de las rehalas. Y esa incertidumbre no nace únicamente de la enfermedad, sino también de la falta de información por parte de quienes tienen la obligación de ofrecerla.

La transparencia nunca ha frenado una epidemia, pero la opacidad sí puede destruir la confianza de quienes tienen que combatirla. Gobernar no consiste únicamente en dictar resoluciones; consiste también en explicar por qué se adoptan, demostrar que funcionan y rectificar cuando la realidad demuestra que no es así. Como presidente de ARRECAL no voy a dejar de exigir respuestas. No por confrontación, sino por responsabilidad. Porque detrás de cada rehala hay años de esfuerzo, inversiones, empleo, tradición y un compromiso irrenunciable con la gestión del medio natural.

La PPA exige rigor científico, coordinación y decisiones valientes. Pero también exige algo que hoy echo en falta: transparencia. Y esa transparencia no puede depender de la buena voluntad de la Administración, porque es una obligación legal y un deber democrático. Mientras no se explique con claridad qué resultados están obteniendo las medidas adoptadas, qué criterios las sustentan y cuál es el horizonte previsto, seguiremos preguntando. Porque cuando una Administración deja de rendir cuentas, quienes representamos a los ciudadanos tenemos la obligación de exigirlas. Ese es mi deber como presidente de ARRECAL, y no pienso renunciar a él.

Felipe Vegue. Presidente de ARRECAL

Artículo publicado en la revista Jara y Sedal